La situación laboral creada por la pandemia del COVID-19 ha provocado que muchas clínicas privadas entren en dificultades económicas y se hayan visto avocadas a pedir un ERTE (expediente de regulación de empleo temporal). Dado que la solicitud por fuerza mayor es mucho más rápida y menos compleja en cuanto a papeleo, esta está siendo la forma más habitual para argumentar la solicitud. Vamos a exponer la forma correcta de justificación para las clínicas privadas, además de explicar qué puede suponer el silencio administrativo.
El Ministerio de Trabajo emitió una nota interna sobre expedientes suspensivos (DGE-SGON-811CRA. 12/3/2020) en la que se exponen los tipos de justificación que la Autoridad Laboral consideraría como válidos para poder solicitar un ERTE por fuerza mayor debido a la situación creada por el COIV-19. El primero de ellos era que nuestro establecimiento hubiese tenido que cerrar como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo). Consta que a muchas clínicas privadas se les ha rechazado el ERTE por fuerza mayor por haber alegado esta causa. Evidentemente, la autoridad laboral tiene razón al denegarlo si se ha justificado el cierre por esta causa, ya que las clínicas privadas son consideradas como «servicios esenciales» por el RD 463/2020, especificado en la Orden SND/310/2020 del Ministerio de Sanidad.
Entonces ¿podemos solicitar un ERTE por fuerza mayor en la clínica? La respuesta es, evidentemente, si. La nota interna del Ministerio también contempla dos situaciones más. La primera sería que hubiera habido un contagio en la plantilla y se tuvieran que realizar las pertinentes medidas de aislamiento preventivo (justificable con informes médicos) y la segunda, que sería la más interesante, la «falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o impongan la suspensión de ciertas actividades laborales, siempre que traiga su causa en las medidas excepcionales decretadas por la autoridad gubernativa o recomendadas por las autoridades sanitarias, en ambos casos en relación al Covid-19». Estamos viendo estos días una lucha a nivel internacional por la compra de material de barrera, esta se traslada a la venta nacional, en la que no solo hay desabastecimiento, sino un aumento en los precios exorbitado. A la justificación del desabastecimiento (justificable con comunicaciones con depósitos de materiales) debe unirse una argumentación que le indique a la Autoridad Laboral que la clínica va a seguir abierta para atender urgencias, pero que, debido a la situación de falta de material y a la posibilidad de contagio de la plantilla, solo se van a atender por el dueño de la misma o el personal imprescindible. Si no se expone que la clínica sigue abierta como servicio esencial, es muy probable que el ERTE sea denegado. En resumen, se debe argumentar de manera muy específica tanto la falta de suministro de medios de barrera como la falta de necesidad de personal concreto si solo se van a atender urgencias (el ERTE no tiene por qué afectar a la totalidad de la plantilla). Igualmente pueden argumentarse problemas de movilidad de los pacientes.
También hay que prestar atención al silencio administrativo, es decir, que la Autoridad Laboral no conteste a la solicitud de ERTE. Se supone que el silencio administrativo es positivo en estos casos (se entiende como concedido), sin embargo, dado que la Autoridad Laboral tiene cinco días para contestar la solicitud por fuerza mayor y en estos momentos, está desbordada, es muy probable que no se obtenga respuesta en plazo. En ese sentido se debe tener en cuenta que la administración podría revisar los ERTES concedidos por silencio administrativo, y los considere como no ajustados a derecho y los anule con la correspondiente sanción. Es importante justificar bien tanto la causa de fuerza mayor como cualquier otra que se aluda.
Finalmente recomendamos seguir siempre el consejo de su gestor/asesor en este sentido.
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